Alegaciones derivación responsabilidad tributaria

Te libramos de responder a deudas de terceros con tu patrimonio personal.

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¿Qué es una derivación de responsabilidad de Hacienda?

Una derivación de responsabilidad en Hacienda es un procedimiento administrativo mediante el cual la Agencia Tributaria (Hacienda) transfiere la responsabilidad de una deuda tributaria a terceros que, según la normativa fiscal, pueden ser considerados responsables solidarios o subsidiarios del cumplimiento de dicha deuda. Esto generalmente ocurre cuando la entidad principal (como una empresa) no puede hacer frente a sus obligaciones fiscales.

Te defendemos ante una derivación de responsabilidad solidaria y subsidiaria

¿Hacienda te ha derivado la responsabilidad como administrador de una empresa?

Lo sabemos. Es injusto. El abuso de hacienda de hacer responsable subsidiario por una deuda tributaria al administrador es una herramienta que la Agencia Tributaria está llevando a cabo para recaudar más dinero. 

Si fuiste el administrador de una sociedad que cerró con deudas, Hacienda puede hacerte pagar estas deudas con su patrimonio personal.

Gracias a nuestra defensa ante los tribunales podemos evitar que Hacienda te someta a una derivación de responsabilidad. Es cierto que son un tema complicado, pero necesitas defenderte ante Hacienda. No hacerlo es darle la razón.

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Alegaciones derivación de responsabilidad tributaria

Esto es lo que podemos hacer por ti:                                       

  • Evitar, en la medida de lo posible, pagar con tu patrimonio personal una deuda que no te corresponde.
  • Hacerte sentir tranquilo y apoyado con nosotros, pues te prestaremos asesoría y defensa en todo momento.
  • Si aceptamos tu caso es porque sabemos que podemos ganarlo. Seremos siempre totalmente honestos contigo.

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Artículo 43 sobre responsabilidad

El artículo 43 de la LGT es uno de los más relevantes en el ámbito de la responsabilidad tributaria. Este artículo establece las condiciones para la declaración de responsabilidad de los administradores de personas jurídicas y otros supuestos. En particular, se reconoce que los administradores de hecho o de derecho pueden ser considerados responsables de las deudas tributarias si se dan ciertas circunstancias.

Los aspectos clave que este artículo menciona incluyen:

  • La existencia de obligaciones tributarias pendientes por parte del deudor principal.
  • La declaración de ‘fallido’ del deudor, lo que implica que no hay posibilidad de cumplimiento de la deuda.
  • El cese efectivo en la actividad de la entidad deudora y la condición de administrador al momento del cese.
  • La demostración de un comportamiento no diligente por parte del administrador, lo que puede incluir faltas en la gestión financiera o fiscal.

Estos elementos son esenciales para que la Administración pueda ejercer la derivación de responsabilidad tributaria, y son la base sobre la que se nosotros, los abogados, construimos las alegaciones y defensas en este tipo de procedimientos.

Responsabilidad tributaria y sus tipos

La responsabilidad tributaria se refiere a la obligación de pagar deudas fiscales. Existen diversos tipos de responsabilidad que pueden afectar a individuos y entidades, cada uno con sus particularidades y condiciones específicas.

Responsabilidad solidaria

La responsabilidad solidaria implica que varios sujetos puedan ser considerados responsables del total de la deuda tributaria. Esto significa que, en el caso de impago, la Administración Tributaria puede reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los responsables sin importar su grado de participación en la obligación tributaria.

Este tipo de responsabilidad se encuentra perspectiva en el artículo 42 de la Ley General Tributaria, el cual establece que los responsables solidarios son aquellos que, al llevar a cabo ciertas actividades económicas o en relaciones comerciales, incurren en la obligación tributaria sin que se exima a uno por el pago del otro.

  • Algunos ejemplos de responsabilidad solidaria incluyen:
    • Socios de una sociedad que responden conjuntamente por las deudas fiscales de la entidad.
    • Cooperadores necesarios en la realización de la actividad gravada que generan una deuda tributaria.

Responsabilidad subsidiaria

La responsabilidad subsidiaria, por otro lado, designa a aquellas personas que deben responder de las deudas tributarias únicamente en caso de que el deudor principal no cumpla con su obligación. Es decir, la Administración debe primero intentar el cobro contra el deudor principal antes de dirigirse contra los responsables subsidiarios.

Esta figura se utiliza frecuentemente en situaciones en las que ciertas personas o entidades que tienen vínculos con el deudor principal asumen una responsabilidad limitada ante las deudas tributarias. En este caso, los requisitos para que se considere a alguien como responsable subsidiario son más exigentes en comparación con la responsabilidad solidaria.

  • Las condiciones para la responsabilidad subsidiaria incluyen:
    • Que el deudor principal haya sido declarado en situación de impago o ‘fallido’.
    • Que exista un vínculo directo o indirecto entre el responsable subsidiario y el deudor principal, como la relación de administración o herencia.

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Procedimiento de derivación de responsabilidad

El procedimiento de derivación de responsabilidad es un proceso administrativo clave en el ámbito tributario. Permite a la Administración determinar quién debe hacerse cargo de las deudas tributarias que no se han abonado. A continuación se detallan los aspectos más relevantes de este procedimiento.

Inicio del procedimiento

El inicio del procedimiento de derivación de responsabilidad se activa a través de un acuerdo interno de la Administración Tributaria, que determinará a qué personas o entidades podrían considerarse responsables de las deudas tributarias. Este acuerdo se basa en la existencia de deudas pendientes y necesidades de cobro que no han sido resueltas por el deudor principal. Es fundamental que la notificación del inicio se realice de manera formal, asegurando así la correcta comunicación de los procedimientos a seguir.

Requisitos previos

Para llevar a cabo el procedimiento de derivación de responsabilidad, se deben cumplir ciertos requisitos previos que garantizan la legitimidad del mismo. Estos requisitos son de vital importancia para asegurar que el proceso se realice conforme a la legalidad.

Declaración de fallido del deudor principal

Uno de los requisitos esenciales es la declaración previa de ‘fallido’ del deudor principal. Esto implica que se debe haber constatado la imposibilidad de cobro de la deuda tributaria por parte de la Administración. Antes de derivar la responsabilidad a otras personas o entidades, es necesario que se acredite que el deudor no podrá hacer frente a su obligación fiscal. Este proceso de declaración ayudará a establecer un fundamento jurídico sólido para el paso siguiente del procedimiento.

Notificación del acuerdo de inicio

Una vez que se ha tomado la decisión de iniciar el procedimiento, la Administración está obligada a notificar el acuerdo a todas las partes interesadas. Esta notificación es crucial, ya que informa a los posibles responsables sobre las deudas que se les imputan y les otorga la oportunidad de defenderse. La notificación debe incluir información clara y comprensible sobre la deuda pendiente y los motivos por los cuales se considera que pueden ser responsables subsidiarios o solidarios de la misma.

Si el acuerdo no se notifica adecuadamente, el procedimiento podría ser considerado nulo. Por tanto, es esencial que se sigan los procedimientos establecidos en la normativa vigente, asegurando así que todos los interesados tengan la posibilidad de presentar alegaciones y defender sus derechos en el plazo correspondiente.

Derechos del Interesado

El marco normativo que regula la derivación de responsabilidad tributaria establece una serie de derechos fundamentales para los interesados en el procedimiento. Estos derechos son esenciales para garantizar la transparencia y la equidad en el proceso administrativo.

Derecho a ser informado

El derecho a ser informado es uno de los pilares de la defensa de los interesados en cualquier procedimiento administrativo. Este derecho otorga la facultad a los responsables de recibir toda la información necesaria relacionada con su situación tributaria. La Administración Tributaria tiene la obligación de proporcionar detalles claros y accesibles sobre la deuda tributaria que se les imputa.

Entre las principales facetas de este derecho se encuentran:

  • Acceso a la información sobre las obligaciones tributarias pendientes.
  • Recibir notificaciones adecuadas y oportunas sobre acciones administrativas.
  • Conocer los criterios que se han usado para determinar la responsabilidad tributaria.

La transparencia en la comunicación es crucial, ya que permite a los interesados entender el contexto y los fundamentos de la derivación de responsabilidad. La falta de información suficiente por parte de la Administración puede ser motivo de alegaciones en el procedimiento.

Derecho a presentar alegaciones

El derecho a presentar alegaciones es fundamental en la defensa del interesado. Este derecho permite a los responsables argumentar y justificar su postura ante la Administración en relación con la deuda tributaria que se les atribuye.

Los interesados cuentan con un plazo específico tras la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento para presentar sus alegaciones. Este plazo, generalmente de 15 días, es fundamental para articular la defensa de manera efectiva.

Las alegaciones pueden abordar diferentes aspectos, tales como:

  • Cuestionar la existencia de la deuda.
  • Argumentar sobre la incorrecta notificación de la deuda por parte de la Administración.
  • Solicitar la revisión de la cuantificación de la deuda atribuida.

Para respaldar sus alegaciones, los interesados también tienen el derecho de adjuntar documentación que considere pertinente. La presentación de pruebas es un elemento clave para reforzar la argumentación ante la Administración.

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Alegaciones en el Procedimiento de Derivación

Las alegaciones son un componente clave en el procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria. Permiten a los interesados presentar su defensa y cuestionar decisiones que consideran injustas.

Aspectos que se pueden alegar

Durante este proceso, existen múltiples aspectos que los interesados pueden alegar en su defensa ante la Administración Tributaria:

Falta de conocimiento de la deuda

Uno de los argumentos más comunes es la falta de conocimiento respecto a la existencia de la deuda tributaria. Este desconocimiento puede originarse debido a deficiencias en el sistema de notificaciones electrónicas, que podrían no haber informado correctamente al interesado sobre su situación tributaria. Es vital demostrar que la persona no fue informada adecuadamente, lo que puede eximirla de responsabilidad en ciertos casos.

Incorrecto procedimiento administrativo

Los interesados también pueden argumentar que el procedimiento administrativo seguido por la Administración Tributaria fue incorrecto. Esto incluye la falta de diligencia en la notificación de las deudas tributarias, así como la no utilización de otros domicilios conocidos para hacer llegar la información. Cualquier irregularidad en el proceso podría ser motivo para desestimar la derivación de responsabilidad.

Inexistencia de presupuesto de hecho habilitante

Otra alegación que se puede presentar es la inexistencia de un fundamento adecuado para la derivación de responsabilidad. En este sentido, los responsables pueden cuestionar si realmente se cumplen las condiciones necesarias para que se considere válida la derivación, como la existencia de deudas previas y el cese de actividades.

Documentación de soporte para las alegaciones

Para respaldar las alegaciones presentadas, es fundamental aportar documentación que justifique la posición del interesado. Esta documentación puede incluir una serie de pruebas que apoyen la argumentación del responsable y que sean pertinentes en el contexto del procedimiento.

Presentación de pruebas

La presentación de pruebas es un aspecto crucial en la defensa ante la derivación de responsabilidad. Esta evidencia puede abarcar desde informes contables hasta comunicaciones previas con la Administración Tributaria. Es importante que las pruebas sean claras y pertinentes para fortalecer la alegación y demostrar la falta de responsabilidad en el pago de la deuda tributaria.

Impugnación de la Declaración de Responsabilidad

La impugnación de la declaración de responsabilidad tributaria es un proceso clave que permite a los interesados cuestionar decisiones que consideran injustas. Esta fase es fundamental para el respeto de los derechos de los contribuyentes y la defensa de su posición ante la Administración Tributaria.

Procedimiento de impugnación

El procedimiento de impugnación comienza una vez que el interesado recibe la notificación de la declaración de responsabilidad. Es esencial que el responsable actúe de manera diligente y en los plazos establecidos para evitar la consolidación de la deuda tributaria.

El interesado tiene la posibilidad de presentar un escrito de impugnación ante la Administración Tributaria correspondiente. Este escrito debe contener una exposición clara de los motivos de la impugnación, así como la documentación que respalde su posición. La Ley General Tributaria establece que la Administración está obligada a resolver las impugnaciones presentadas de forma motivada, garantizando así la transparencia del proceso.

El plazo para presentar la impugnación suele ser de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la declaración. El incumplimiento de este plazo puede resultar en la inadmisibilidad de la impugnación, lo que subraya la importancia de la vigilancia en el tiempo de respuesta.

Recursos administrativos disponibles

En el marco de la impugnación de la declaración de responsabilidad, los interesados pueden recurrir a diversas vías administrativas. Estos recursos se articulan principalmente a través de los Tribunales Económico-Administrativos, que son organismos encargados de revisar las decisiones administrativas en materia tributaria.

El interesado puede presentar un recurso de reposición, que sirve para solicitar a la Administración que reconsideren su decisión. Este recurso debe presentarse ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada y debe argumentar por qué se considera que la decisión es incorrecta.

En caso de que se desestime el recurso de reposición, se puede recurrir ante el Tribunal Económico-Administrativo correspondiente. La interposición de este recurso también debe cumplir con plazos específicos y requisitos formales, como la presentación de todas las alegaciones y documentación necesaria que sustente la reclamación.

La resolución de estos recursos es vinculante y debe cumplir con los principios de legalidad, motivación y derecho a la defensa, asegurando de esta manera que el procedimiento se ajuste a la normativa vigente.

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Soy Patricia Viola, socia fundadora de Viola Pérez.

En mi despacho de abogados nos encargamos de gestionar los procedimientos de derivacion de responsabilidad subsidiaria y solidaria para que el obligado tributario no pague deudas que no le corresponden. 

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Preguntas Frecuentes

Sí, es posible, pero solo si se hacen alegaciones. Es un tema realmente complicado, pero ha habido sentencias favorables al contribuyente, y siempre se debe recurrir. No hacerlo es darle la razón a Hacienda.

El plazo general que tiene Hacienda para derivar la responsabilidad a terceros es de cuatro años. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el período reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación del impuesto.

El plazo de prescripción para exigir la deuda al responsable subsidiario es de cuatro años, y comienza a contar desde que se notifica al deudor principal el acto administrativo en el que se determina la deuda tributaria.

El administrador de una sociedad debe actuar con diligencia y transparencia al detectar una posible derivación de responsabilidad. Esto incluye una revisión exhaustiva de la situación financiera y fiscal, cumplimiento estricto de las obligaciones legales, comunicación efectiva con todas las partes interesadas, y la consulta con asesores especializados.

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